Transcripción
Cerramos esta ronda informativa, pasadas las 8 de la mañana, con temas estatales de alto impacto. En Tallahassee avanza un proyecto de ley que busca expandir el Programa de Guardianes Armados a universidades y colegios estatales. La iniciativa permitiría que empleados y profesores designados reciban entrenamiento especial y porten armas ocultas en los campus. La propuesta surge tras el tiroteo ocurrido en Florida State University durante la sesión legislativa pasada, donde murieron dos personas y otras cinco resultaron heridas. El proyecto también exige planes de respuesta a atacantes activos, equipos de manejo de amenazas, capacitación en salud mental y el uso de la plataforma Fortify Florida. En el ámbito electoral, ninguna de las 22 iniciativas ciudadanas activas logró calificar para la boleta del 2026. Esto ocurre tras la aprobación de una nueva ley que endureció los requisitos para recolectar firmas, imponiendo plazos más cortos, mayores sanciones y más controles administrativos. Los críticos aseguran que el proceso se volvió prácticamente inaccesible para los ciudadanos, mientras que el Estado defiende la ley como una herramienta para proteger la integridad electoral. Varias organizaciones ya evalúan demandas y nuevas estrategias rumbo al 2028. Y finalmente, un informe reveló que la administración del gobernador Ron DeSantis ha gastado 573 millones de dólares en operaciones migratorias en los últimos tres años, utilizando un fondo de emergencia estatal. Aunque FEMA aprobó reembolsos por más de 600 millones, Florida aún no ha recibido pagos. El informe detalla gastos en vigilancia aérea, equipos tecnológicos, radios y centros de detención, incluyendo el complejo conocido como Alligator Alcatraz. Legisladores de ambos partidos cuestionan la falta de desglose detallado y la escasa supervisión de los fondos.

